Montero apunta que el Gobierno sigue buscando dar solvencia y sostenibilidad al sistema.
La Comisión Europea dispone desde este lunes por la tarde de las últimas propuestas de reformas vinculadas a los fondos de recuperación, las dedicadas a pensiones y el mercado laboral. Y en ellas no figura la ampliación de 25 a 35 años del periodo de cotización a tener en cuenta para calcular la pensión a los nuevos jubilados, una medida alentada por el departamento de José Luis Escrivá que había puesto de uñas tanto a los sindicatos como al socio minoritario del Gobierno, Unidas Podemos.
Este cambio normativo, considerado directamente un “recorte” por la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, complicaba el planteamiento del área económica de buscar el consenso con los agentes sociales en las reformas para apuntalar la sostenibilidad del sistema público de previsión y modernizar el mercado laboral y combatir la lacra de la temporalidad. Ayer mismo el Ministerio de Asuntos Económicos convocó a la patronal y los sindicatos para analizar los textos sobre reforma laboral y de las pensiones remitidos a Bruselas –después del encuentro de alto nivel el viernes pasado, CC.OO. y UGT se habían quejado de no contar con las propuestas concretas–.
“Nunca me han oído hablar de 35 años”, se defendió ayer por la tarde el ministro de Seguridad Social en la presentación del acuerdo para prorrogar los ERTE hasta finales de mayo. Escrivá defendió que, tal y como han comunicado a Bruselas, los cambios sobre pensiones que van a desplegar trasladan las recomendaciones del Pacto de Toledo, entre ellas apuntalar la contributividad (mayor relación entre lo cotizado y lo percibido al llegar la jubilación). En ese aspecto, aseguró que están analizando las carreras profesionales con lagunas o muy cortas y remarcó que esta cuestión –incluida la cotización de los autónomos por ingresos reales y la creación de un nuevo factor de solidaridad intergeneracional– se analizará en el segundo bloque de reformas que van a negociar con la patronal y los sindicatos. “Ahora hay más discontinuidades en las carreras de cotización”, aseguró.
Escrivá explicó además que la ficha para la UE sobre pensiones recoge esta negociación en dos tiempos, aunque espera que todos los cambios legislativos lleguen al Parlamento a lo largo de este 2021. En ella, prometen fijar por ley la fórmula de revalorización de las pensiones o medidas para acercar la edad efectiva de jubilación a la legal, mediante el endurecimiento de la jubilación anticipada voluntaria o los incentivos al retiro más tarde de la edad legal.
Por lo que respecta al marco laboral, la ministra Yolanda Díaz confirmó que han presentado a la Comisión Europea “17 reformas distribuidas en varios bloques”, que abordarán desde la mejora de las políticas activas para los desempleados a la de los servicios públicos de empleo. Sin mencionar expresamente cambios en la polémica reforma del 2012, las propuestas del Gobierno recogen medidas que tienen que ver con ellos, como modificaciones en la negociación colectiva o la contratación. También se comprometen a sacar adelante otras regulaciones como la denominada ley de los riders o medidas para combatir la temporalidad, la rotación o el elevado desempleo. La ministra, del ala de Podemos, aseguró ayer que todos los puntos sobre mercado laboral recogidos en el acuerdo de coalición están en el documento remitido a Bruselas. Desde el ministerio de Nadia Calviño afirmaron que buscan “los desequilibrios y sentar las bases del estatuto de los trabajadores del siglo XXI”.
Los sindicatos mayoritarios reclamaron ayer al Ejecutivo “día y hora” para retomar la negociación sobre el marco laboral, que quedó suspendida con el estallido de la pandemia. El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, recalcó que, cerrado el acuerdo sobre los ERTE, “ahora sí toca abordar las negociaciones para corregir reformas laborales muy dañinas y muy ineficaces” . Junto a UGT han convocado para el próximo día 11 de febrero concentraciones ante las delegaciones del Gobierno de toda España. Además de reclamar un impulso en la negociación sobre pensiones y reforma laboral, así como también la subida inmediata del salario mínimo interprofesional (SMI).
Mientras, sigue engrasada la maquinaria del diálogo social. Ayer se reeditó el acuerdo con los agentes sociales para prolongar, en esta ocasión hasta el 31 de mayo, la protección especial de los ERTE vinculados a la covid. Después de recabar el apoyo de CEOE, Cepyme, CC.OO. y UGT, el consejo de ministros del próximo martes aprobará las condiciones consensuadas a través de un nuevo real decreto ley –cinco días antes de que se agotara la vigencia de la norma actual–. Salvo la simplificación de algunos trámites y la inclusión de nuevos sectores superprotegidos (campings, gimnasios), se mantiene el esquema actual: la tipología de los ERTE, las exoneraciones que recibirán los empresarios y la cobertura para los trabajadores afectados. Trabajo y Seguridad Social calculan que, entre febrero y marzo, dedicarán más de 5.500 millones de euros en prestaciones y bonificaciones de cotización.
Tampoco tocan la cláusula de mantenimiento del empleo durante seis meses. “Es la misma”, avisó con rotundidad Díaz. Los órganos directivos de la CEOE ratificaron ayer por unanimidad el acuerdo sobre los ERTE. Sin debate, apoyaron la posición del equipo de Antonio Garamendi, después de que dieran a entender que habría una interpretación más laxa de la citada cláusula de salvaguarda.
