El Gobierno se muestra partidario de una ampliación del plazo de las compensaciones por cese de actividad, aunque reticente a permitir que se rebajen las cotizaciones del colectivo.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y las principales organizaciones de autónomos acordaron este lunes una prórroga del periodo de acceso a la prestación por cese de actividad que ha ejercido de salvavidas para que los más de tres millones de empleados por cuenta propia puedan hacer frente a las consecuencias económicas del coronavirus. Según fuentes presentes en la reunión, el periodo de solicitud, que caducaba el próximo 31 de enero —igual que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE)—, se verá extendido hasta el 31 de mayo. Se ejecutará, por tanto, la principal reclamación de un colectivo que, según cálculos de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), perdió 65.000 millones de euros a lo largo de 2020 por la covid.
Después de dos horas y media de un encuentro que ha dirigido el secretario de Estado de la Seguridad Social, Israel Arroyo, y en el que los representantes de los autónomos participaron por videoconferencia, algunos puntos han quedado en el aire. Relativamente hilvanadas se encuentran las propuestas referidas a eliminar la condición de no haber cobrado la prestación en el mes de marzo, así como la posibilidad de acceso para los trabajadores de temporada que en 2018 o 2019 hayan cotizado en meses diferentes del periodo de junio a diciembre. Sin embargo, otra de las patas principales del paquete de mejoras que solicitan las organizaciones, la que hace referencia a la eliminación de la obligatoriedad de que los autónomos sigan teniendo que pagar su cuota completa a la Seguridad Social a pesar de no estar desempeñando al 100% su actividad —ATA habla de que solo uno de cada cuatro sigue operando con normalidad—, genera reticencias en el Gobierno.
Agotamiento económico
“Estamos en plena tercera ola de la pandemia y llevamos 10 meses con un agotamiento mental y económico, y seguimos con muchas restricciones. El Gobierno está discriminando a los trabajadores y primando a las empresas empleadoras que sí se les permite tener exoneraciones cuando hay algún impedimento de actividad”, lamenta Lorenzo Amor, presidente de ATA. “Sigue siendo costoso para los autónomos demostrar la perdida del 75% de los ingresos para optar a la prestación extraordinaria”, se suma Eduardo Abad, presidente de UPTA, con otro de los asuntos a resolver. Por el momento no ha sido fechado ningún otro encuentro, y fuentes de la reunión no descartan que comience un periodo de intercambio de documentación antes de la convocatoria de un próximo encuentro. “El Gobierno tiene en su mano garantizar un escudo social para los trabajadores autónomos que permita que la crisis económica provocada por la pandemia no se agrave para quienes sostienen el tejido productivo de nuestro país”, sostienen desde Uatae, la Unión de Autónomos.
El pasado mes de diciembre Seguridad Social abonó más de 248 millones de euros en concepto de ayudas por cese de actividad a un total de 349.342 autónomos, y tomando como referencia el mes de marzo de 2020 ―cuando se decretó el primer estado de alarma―, el montante en prestaciones asciende hasta los 4.924 millones de euros.
